La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en colaboración con personal de Gendarmería Nacional ejecutó un allanamiento en las instalaciones de Canal 10 de Tucumán. Este canal está bajo la órbita de la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), conformada por la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de la Provincia.
La acción se enmarca en la causa denominada “SOMADOSSI LUCAS Y OTRO S/ EVASIÓN FISCAL Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA”, iniciada a raíz de la denuncia presentada por Ingrid Lausberg, representante provincial. La acusación apunta a Lucas Somadossi, empleado del canal, por presuntas comisiones millonarias obtenidas a través de la venta de publicidad.
El allanamiento se llevó a cabo como parte de la investigación sobre las denuncias realizadas por Lausberg en agosto de este año. Según la representante provincial, Somadossi, nombrado por Rodolfo Tercero Burgos, habría percibido comisiones desproporcionadas por la venta de publicidad, llegando a facturar más de 14 millones de pesos en un mes. Estas ganancias resultan llamativas dada la condición de empleado raso de Somadossi en la emisora. Además, se señala que el empleado y Burgos conforman una “familia ensamblada”, ya que Somadossi está casado con Leonor Inés López González, ex esposa de Burgos.
La denuncia de Lausberg incluye acusaciones de irregularidades fiscales y señala que tanto el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, como el histórico secretario general, José Hugo Saab, no tomaron medidas ante las denuncias anteriores. Asimismo, se menciona que, ante el intento de la UNT de aprobar balances contables en una asamblea de accionistas, el Gobierno de la Provincia se abstuvo, indicando inconsistencias en la documentación contable de Canal 10.
Cabe destacar que, además de la denuncia de Lausberg, el Gobierno Provincial solicitó la remoción de dos directores del canal designados por la UNT, Leandro Díaz y Rodolfo Tercero Burgos, quienes enfrentan procesamientos por delitos graves. La representante provincial señala que ambos directores están procesados, uno por delitos contra la administración pública y otro por abuso sexual agravado contra su hija menor. La solicitud de licencia o medidas similares fue desestimada por Díaz, invocando la Ley General de Sociedades y el principio de inocencia.
En la carta enviada al presidente de Canal 10, Leandro Díaz, y a José Hugo Saab, el Gobierno Provincial advierte que cualquier resolución tomada en una asamblea convocada para tratar nueve balances contables será impugnada, considerándola nula. Además, solicitan fijar una nueva fecha para la asamblea después de la resolución judicial sobre la responsabilidad en los hechos denunciados ante tribunales federales. La carta sostiene que el tratamiento de balances sería “temerario” y destacó las graves irregularidades detectadas en las auditorías de la sindicatura de Canal 10.
Fuente: El Tucumano
