La actualización del Código Violeta, una versión optimizada de la aplicación de alerta exclusivamente para mujeres que hayan sufrido situaciones de violencia se ha convertido en una de las más utilizadas por las víctimas y también requerida por funcionarios judiciales. La nueva versión se puso en vigencia desde el 4 de diciembre último y existen 700 casos que son directamente monitoreados por tres diferentes áreas que reciben hasta 20 consultas por mes en Banda del Río Salí.
“Queríamos darle una contención concreta a mujeres que pasan por este tipo de experiencias traumáticas y que suelen estar expuestas a situaciones extremas de violencia. Para ello hemos pensado en un protocolo especial”, sostiene Gonzalo Monteros, el intendente que lleva adelante la iniciativa de la nueva herramienta.
Aquellos casos específicos que requieren del uso de esta alerta son derivados a la oficina de Gabriela Gaete a cargo de la Dirección de la Mujer del municipio, organismo que nuclea a la Jefatura del área, a cargo de Delfina Núñez Escobar y el Observatorio de la Mujer, dirigido por la licenciada en psicología Raquel Leguizamón.
Cada espacio trabaja de manera coordinada con el Centro de Monitoreo y los Vigías municipales a fin de intervenir en forma inmediata ante una situación de alerta que dispara el código violeta. El asesoramiento de las áreas es clave para hacer un seguimiento de cada caso en particular.
Gaete indica que las mujeres que acuden en auxilio son contenidas a través de un asesoramiento que incluye una evaluación psicológica y una capacitación para la concientización de su problema a través de talleres dictados por profesionales. “Recibimos hasta unas 20 consultas mensuales. Les proporcionamos de herramientas para abordar cada situación específica y el código Violeta es un recurso importantísimo para las víctimas”, resume Gaete.
En efecto, hay un antes y un después para quienes que acuden al área: hay casos de mujeres que han sido asesoradas, en pos de obtener una mayor independencia económica, para lanzar un emprendimiento en un recomienzo de su vida. Algunas, por ejemplo, han puesto un kiosco, venden comidas, supervisan mejoras en su casa, o hasta solicitan una asistencia de orientación respecto a un tratamiento médico específico de sus hijos o el debido acompañamiento escolar. Por lo general, la estadística indica que son pocos los casos de reincidencia cuando empiezan a utilizar la aplicación específica. Pero eso no significa que todo termine ahí.
“Nosotros asesoramos a las víctimas a través del Programa Acompañar que significa que cuentan con una asistencia económica, cuando tienen una situación de conflicto con su pareja que, como sabemos, en la práctica se refleja como un instrumento de presión por parte del violento, una herramienta de extorsión”, dice Núñez Escobar.
“Actualmente tenemos 632 casos espontáneos, es decir, son personas que se presentan en esta oficina para consultarnos. Y existen 522 casos que han sido derivados de la justicia”, indica, por su parte, Leguizamón. En el Observatorio se realiza un ingreso de cada caso que permite establecer un perfil determinado de la víctima para conformar una estrategia de intervención.
“Nuestro asesoramiento va desde la contención psicológica a la que se refiere a los pasos legales que debe dar en consecuencia de una medida que ha tomado un magistrado. Las asistimos en terapia como también en el ejercicio de sus derechos como pedir una pensión alimenticia para sus hijos o solicitar o hacer cumplir una medida de restricción contra el violento. También enviamos informes periódicos a la Justicia”, revela Leguizamón.
