En Tucumán, el problema de la droga ha ido creciendo con el tiempo. Antes, era noticia destacada cuando atrapaban a traficantes en la provincia, pero ahora se ha vuelto más común. Casi todos los operativos policiales, independientemente de su motivo, terminan descubriendo algún lugar donde se vende droga.
Pero la droga no viene sola. Recientemente, el arresto del comisionado rural de Villa de Medinas, Diego Figueroa, ha puesto de manifiesto otra actividad ilegal: el secuestro extorsivo. En los últimos cinco años, especialmente con el aumento del tráfico de drogas, este tipo de delito se ha vuelto más común en la provincia y ha llamado la atención de los investigadores y las estadísticas criminales.
El comisionado, quien estaba a punto de comenzar su segundo mandato, fue acusado de liderar una banda que secuestró a dos jóvenes en diciembre pasado y exigió un rescate de 9 millones de pesos. Algunos defensores alegaron que todo fue una estafa para recuperar una inversión millonaria en bolsas de azúcar que habían comprado al padre de las víctimas y que nunca se entregaron. Sin embargo, las autoridades consideran que esto sigue siendo un secuestro extorsivo.
El primer caso de secuestro que impactó en Tucumán ocurrió en 1987 con el empresario Rafael Berardi. Los secuestradores exigieron un rescate de 2 millones de dólares, pero debido a errores en la entrega del dinero, el cuerpo de Berardi fue encontrado 15 días después. El caso quedó impune, y los presuntos responsables nunca fueron juzgados.
Más de 30 años después, otro caso de secuestro volvió a sacudir a la provincia. En abril de 2018, un grupo secuestró a Margarita Toro, sospechosa de liderar una red de venta de drogas en Villa 9 de Julio. Su familia pagó 500,000 pesos para su liberación, y la investigación llevada a cabo por el fiscal federal Pablo Camuña permitió desmantelar la banda, que estaba relacionada con la barra brava de Atlético Tucumán.
También ha habido casos de secuestro relacionados con el mundo del narcotráfico que nunca se resolvieron, como el de Gonzalo Figueroa en 2019. Fue secuestrado y luego asesinado, desencadenando una ola de venganza liderada por Miguel “Miguelón” Figueroa, quien también enfrenta acusaciones de tráfico de drogas y asesinato.
En otro caso, un grupo secuestró a Jorge “Manzanita” Ríos y exigió un rescate de 250,000 pesos. Sin embargo, la víctima nunca confirmó si se pagó el rescate, y el caso no avanzó.
En abril de 2021, un hombre que había sido secuestrado en Tucumán fue encontrado vivo en Bolivia. Los secuestradores exigieron 50,000 dólares a su familia. La investigación llevó al procesamiento de cinco personas y se sospecha que el secuestro estaba relacionado con el tráfico de drogas.
Algunos de estos casos no se denuncian, lo que hace difícil saber la verdadera magnitud del problema. Además, estos secuestros extorsivos suelen involucrar a personas que tienen información valiosa y pueden detectar cuándo están siendo investigados. A pesar de estos desafíos, se han destinado más recursos para investigar y combatir este tipo de delitos en Tucumán.
En 2021, se logró la primera condena por secuestro extorsivo en la provincia. Ariel Arturo Fernández Fara lideraba una banda que cometió secuestros en 2017 y que exigía rescates a sus víctimas. Otro caso reciente involucra el secuestro de un niño de cuatro años en 2020, donde los secuestradores pidieron un rescate de 2 millones de pesos. Tres personas fueron arrestadas en relación con este caso.
