El ex ministro de Seguridad de Tucumán, Jorge Gassenbauer, declaró este martes en el juicio por los saqueos que se produjeron en la provincia en diciembre de 2013. Su testimonio fue largo y por momentos tedioso, puesto que las partes hicieron preguntas similares para tratar de “quebrarlo” para que de alguna manera comprometiera a otros funcionarios. El interrogatorio terminó dejando al descubierto la inacción del PE para frenar la sedición que dejó a la provincia envuelta en caos durante varios días.
Gassenbauer reconoció que él se enteró por un llamado de Racedo que en las inmediaciones del estadio de All Boys había entre 60 y 70 personas comenzando una protesta. “Decidimos reunirnos en la estación de servicio de avenida Belgrano y América. Ahí le ordenamos al jefe de Policía que tomara todas las medidas necesarias para frenar la protesta. Nos retiramos y al día siguiente él nos comunicó que los sediciosos se habían apoderado de la Subjefatura de Policía. Ahí nos dimos cuenta de que no tenía el mando total de la fuerza”, indicó.
En cuatro oportunidades Gassembauer dijo que no podía explicar por qué no desarticularon la protesta antes de que los sediciosos tomaran la Subjefatura. “La responsabilidad operativa es pura y exclusivamente del jefe de Policía. Los funcionarios tenemos el rol de diseñar políticas de seguridad”, indicó. “Sí le preguntamos si no era conveniente desalojarlos y él nos respondió que se trataba de gente que estaba alcoholizada y armada y lo último que quería era que se registre un derramamiento de sangre”, añadió.
Gassenbauer confirmó que el lunes 9, cuando ya habían comenzado los saqueos en la capital y en el este tucumano, se pidió ayuda a la Nación para que Gendarmería Nacional colaborase con el patrullaje. “Nos respondieron que sí, pero que recién podrían enviar efectivos el martes. Sus hombres habían sido enviados a otras provincias para hacer la misma tarea”, respondió.
En su declaración, Racedo había apuntado responsabilidades a otros funcionarios. Por ejemplo, dijo que el ex secretario Paul Hofer había ordenado “levantar” el centro de monitoreo del servicio 911, según le había comentado el comisario Leandro Herrera. “Eso no es así. No recuerdo que haya sucedido algo así. Insisto, la responsabilidad operativa era pura y exclusivamente de él”, declaró. También desmintió que él o algunos de los funcionarios del área hayan dado órdenes en la fuerza. “Por Ley estábamos impedidos de hacerlo. Nunca lo hicimos. Nosotros generamos la política de seguridad y él debía hacerla cumplir”, agregó.
Gassenbauer confirmó que la protesta se inició por cuatro puntos: la reincorporación de los policías cesanteados Diego Herrera, Miguel Ángel Chaile y Miguel Toledo (los cabecillas de la sedición y de los cuales sólo el primero sigue vivo), la suspensión de todos los procesos administrativos y judiciales en contra de todos los miembros y que dejen sus cargos él y el secretario Hofer.
“Racedo intentó hablar con ellos, pero no pudo porque lo expulsaron a pedradas. También hubo un intento del arzobispo Alfredo Zecca, que tampoco tuvo buenos resultados. Los únicos que lograron convencer de tener una reunión fueron el subsecretario de Seguridad César Nieva y el asesor José Dante Sarmiento”, precisó.
El ex funcionario dijo que hubo una reunión el miércoles por la mañana en la Casa de Gobierno donde estuvieron él y el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. “No hubo mucho diálogo; sólo le presentamos una copia del decreto en el que se le autorizaba el incremento salarial y ahí se acabó el conflicto”, informó. “Paralelamente, Posse Ponessa los denunciaba penalmente por sedición y le pedía a la Justicia la orden de desalojo de la Subjefatura”, añadió.
“¿Por qué no pidieron antes el desalojo?”, le preguntó el defensor José Luis Cajal. “Porque Racedo nos dijo que quería evitar un derramamiento de sangre”, le respondió.
Luego, el defensor oficial, Hernán Molina, le consultó: “uno de los puntos del acuerdo firmado con la comisión de policías era que no se sancionaría a los efectivos que participaron en la propuesta. No se entiende: ¿en el medio, los denuncian ante la Justicia?”. “La presentación anterior era para pedir una orden de desalojo… Medida que no se concretó porque ya se había llegado a un acuerdo”, le dijo.
En la etapa final del interrogatorio, las preguntas de las partes fueron muy duras. Los defensores oficiales cuestionaron la actuación del ex ministro y de otros funcionarios del Gobierno de Alperovich.
