Los legisladores del partido oficialista Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de resolución para mostrar su preocupación por las amenazas de bomba que han ocurrido en las últimas semanas en Tucumán, lo cual ha llevado a la evacuación diaria de varias escuelas.
En el proyecto, los representantes del bloque peronista también solicitaron al Poder Ejecutivo (PE) que aumente las campañas de concienciación sobre los daños causados por estas acciones y pidieron que el fuero penal del Poder Judicial aplique las sanciones adecuadas a los responsables.
En relación a las medidas concretas, propusieron utilizar resoluciones alternativas contempladas en el Código Procesal Penal de Tucumán. Esto implicaría que los autores de las amenazas de bomba en las escuelas realicen tareas comunitarias, como labores de limpieza.
La ola de intimidaciones a instituciones educativas ha estado ocurriendo desde marzo y se ha intensificado en los últimos meses, afectando a escuelas tanto en la capital como en el interior de la provincia.
En respuesta a esto, se presentó un proyecto de resolución en la Legislatura con las firmas de los legisladores oficialistas Mariela Reyes Elías, Carlos Francisco Gómez, Javier Morof y Maia Vanesa Martínez.
En cuanto a las acciones concretas para abordar este problema, consideraron importante que, una vez identificados los autores de las amenazas, sean llevados rápidamente a la Justicia penal para que se les apliquen las sanciones adecuadas.
Los legisladores del PJ también propusieron que este acuerdo se difunda en todos los medios disponibles como una medida disuasoria.
Los legisladores de la oposición, Ricardo Bussi y Horacio Vermal de Fuerza Republicana (FR), habían solicitado anteriormente detalles sobre los avances en la investigación de las amenazas de bomba y habían pedido medidas para prevenir este tipo de delito. Además, José María Canelada del bloque Juntos por el Cambio (JxC) había pedido informes sobre las acciones tomadas por los ministros de Educación y Seguridad en relación a este tema.
También se había planteado la creación de una Unidad de Delitos Cibernéticos en el ámbito del Ministerio Público Fiscal para abordar casos como estos de manera más efectiva.
