El 31 de diciembre de 1986, Tucumán se conmovía con un doble crimen: tres hombres que iban en un automóvil fueron acribillados a balazos por los ocupantes de una camioneta. Las víctimas habían sido interceptadas en avenida Roca al 200. El vehículo Ford Sierra en el que iban las víctimas fue encerrado por ocho personas que abrieron fuego sin piedad: dos de los atacados murieron en el acto y un tercero resultó herido de gravedad.
En el tiroteo perdieron la vida Santos Pastor Aguirre y Enrique Soria en el acto. Juan Carlos Beduino, que conducía el Sierra, logró bajarse del auto y repeler el ataque a tiro limpio, por lo que recibió tres disparos.
El hecho causó gran conmoción entre las personas que circulaban por el lugar que fueron testigos del ataque catalogado como un ajuste de cuentas entre bandas rivales.
El diario La Gaceta publicó el testimonio de una de las testigos del hecho: “Ese día estaba haciendo la ensalada de frutas con mi marido. Escuchamos unos sonidos secos, pensábamos que eran los chicos de la cuadra que ya estaban molestando con los cohetes, pero no, eran disparos. Él salió a ver qué estaba pasando y cuando yo quise seguirlo, a los empujones me metió en la casa. Sólo me dijo que eran ellos”, dijo Luisa Albornoz. Ellos eran nada menos que los “Gardelitos” y “La Banda del ‘Mono’
Las fotos publicadas en la edición hablaban por sí mismas de la magnitud del hecho como pocos se recuerdan en la historia del hampa tucumana. El Ford sierra había recibido al menos 30 impactos y quedó sobre la vereda del pasaje Neuquén: en la pared de una propiedad un impacto de bala dejó evidenciada la brutalidad del ataque.
Catalogado como “El doble crimen de los Gardelitos” el hecho tuvo repercusión nacional. Y fue la presentación en sociedad de los hermanos que compondrían un tándem cuyos nombres infundirían miedo con el paso del tiempo. Angel “El Mono” y Rubén “La Chancha” Ale empezarían a escribir una historia vinculada con la violencia, los negocios ilícitos y las actividades marginales que tendrían lugar durante mucho tiempo.
María Mercedes Soria, esposa de Aguirre, no dudó en señalar a la “Banda del ‘Mono’ Ale como los autores del hecho. La versión ofrecida por la familia de las víctimas, indicaba que “El Mono” había sido quien había abierto fuego primero para que después aparecieran otros hombres, entre ellos, “La Chancha” y a Jorge “La Bruja” Vázquez.
Soria murió al recibir un disparo en la cabeza cuando intentaba abandonar el auto. Pastor Aguirre, que estaba sentado en el asiento de atrás, no pudo ni siquiera escapar. Al parecer fue el primero en caer por la lluvia de balas.
En 2021, en un artículo publicado por el periodista Gustavo Rodríguez, “El Mono” daría su propia versión del hecho. “Estaba en un auto con Anita, una mujer y una criatura. Al llegar a la esquina, me miraron, retornaron y me cruzaron el auto. Todos ellos armados”, explicaría.
Ale aseguraba que se estaba preparando un atentado contra su vida por parte del grupo de Los Gardelitos.
Sin embargo, la evidencia aportada por los peritos, respecto a las armas halladas en el vehículo Sierra indicaría que Los Gardelitos no estaban preparados para un enfrentamiento ni mucho menos: aquella fue una cruenta emboscada ejecutada de manera mortífera por el grupo comandado por Ale.
Tras el hecho, los integrantes de la familia de la víctima, irían abandonando Tucumán, intimidados por la larga sombra de lo que empezaría a denominarse El Clan Ale.
El Clan en su apogeo
Los principales implicados por el doble crimen, se terminarían entregando mucho después del alevoso hecho, el 9 de marzo de 1987. Por aquellos días, el clima social en Tucumán se agitaba con una publicación de una autodenominada “Agrupación de Recuperación Policial” que vinculaba a policías, funcionarios y magistrados entre otros, como protectores de la banda de los Ale.
Aquel grupo clandestino, sin embargo, era el que se conocería poco después como un organización parapolicial “Comando Atila”. Sin embargo, los “denunciadores” que hablaban de vinculaciones políticas a los Ale eran personas peligrosas vinculadas con la llamada policía dura de los años de plomo, en una abierta carrera por los negocios de la época: la prostitución, el tráfico de droga y las máquinas de juego. Las actividades, precisamente, por la que empezarían a ser conocidos los miembros del denominado Clan Ale.
La fachada del grupo parecía ser, sus supuestas actividades comerciales en el mercado del Abasto, donde los hermanos, eran amos y señores.
Uno de los negocios del grupo familiar se vinculaba a la industria del juego donde los miembros habían conseguido relaciones políticas a través de la sociedad Point Limits SRL, mediante la cual explotaban un casino con máquinas tragamonedas. Durante años, la familia Ale se benefició de las ganancias que fluían de esos negocios tan particulares en la provincia.
Un ejemplo del poder económico lo daban los propios funcionarios de AFIP sorprendidos por el flujo de dinero. “La Chancha” figuraba anotado como monotributista, en la categoría G, que no es la más alta, pese al volumen de negocio que manejaban. “Por sus ingresos declarados no había forma posible de que tuvieran tanto patrimonio”, afirmó una fuente de la AFIP.
En 1997, el crimen del remisero Luis Cisterna, encontró a los Ale como “garantes” del esclarecimiento del homicidio: eran dueños de la remisería Cinco Estrellas. Desde allí lanzaron una cruzada de “seguridad para los remiseros” y la demostración de su poder llegó cuando los vehículos de Cinco Estrellas bloquearon la entrada de la Jefatura de Policía y coparon luego la Plaza Independencia, durante el gobierno de Antonio Domingo Bussi. La acusación de “mafiosos” del entonces gobernador-quien sería condenado años después por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura-dejó lugar a la familia para victimizarse: “Bussi dio carta blanca para que nos maten”
El inicio de una investigación
Sin embargo, la investigación judicial que quebraría la dinámica de poder del grupo familiar sería la iniciada por Susana Trimarco, la madre de María de los Angeles Verón: Marita. Y el principal apuntado sería Rubén.
Trimarco lo señaló como el máximo responsable del secuestro y desaparición de su hija, Marita Verón, uno de los mayores enigmas de la historia policial argentina. Sin embargo, Ale nunca fue condenado por este crimen, por el cual también estuvo imputada su ex pareja, María Jesús Rivero. En 2012, la absolución masiva de 13 imputados tras el juicio por la desaparición de Verón devino en un escándalo nacional. Dos años después, Trimarco acusó a los jueces responsables del fallo de haber recibido 6 millones de dólares del clan, una denuncia que ratificó en la Justicia.
Todo cambiaría en 2013, cuando la Justicia federal tucumana inició otra causa contra el grupo: decidió investigarlos por su asociación ilícita y lavado de activos. El expediente, a cargo del juez Fernando Poviña, alcanzó 60 cuerpos, con las declaraciones de más de 400 testigos.
La Unidad de Información Financiera fue querellante en el juicio junto a la PROCELAC; Mariano Federici y María Eugenia Talerico, presidente y vicepresidente del organismo respectivamente, viajaron a San Miguel para asistir al proceso así como el titular del organismo antilavado de la Procuración, Gabriel Pérez Barberá.
La Condena
“La Chancha” y “El Mono” -en calidad de jefes- recibieron en 2017 una pena de 10 años de prisión. La inmensa mayoría del tiempo que duró el trámite del expediente (abierto en 2013) no estuvieron en la cárcel. Lograron cumplir la prisión preventiva en sus casas o en alguna institución sanitaria, alegando problemas de salud.
El fallo dictado el 18 de diciembre de 2017 por el Tribunal Federal de Tucumán, sería confirmado después con la revocación de la absolución de Oscar Roberto Dilascio (54), ex jugador de San Martín, vinculado con la familia.
Fue una causa importante, inédita en la provincia. Aunque a lo largo de los años se les iniciaron unos 90 procesos, nunca antes se había llegado a una condena.
A traves de la sociedad “La Gerenciadora del Norte”, Dilascio, un hombre estrechamente ligado a Rubén Ale, habría participado del blanqueo de dinero usando como método la compraventa de futbolistas y también de colectivos, negocio que quedó acreditado con documentos. Había zafado, pero ahora Casación dio vuelta por completo su situación procesal.
Dice el fallo de la Sala II, casi sobre el final: “Anular el punto dispositivo XV de la sentencia impugnada en cuanto absolvió a Roberto Oscar Dilascio, apartar a los magistrados intervinientes y remitir la causa a su origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a derecho“.
En palabras más sencillas: los jueces Slokar, Mahiques y Yacobucci dispusieron condenar a Dilascio y que esto que lo haga un tribunal diferente al que lo absolvió antes.
Los Ale y el fútbol: el principio del fin
El poder del Clan Ale en Tucumán se construyó y consolidó a lo largo de décadas. Ese poder y les permitió enriquecerse sin pausa y lavar el dinero que habían obtenido en diferentes negocios ilegales: la prostitución, la usurpación de terrenos, la extorsión, los manejos del club más popular de la provincia.
Sus relaciones carnales con las autoridades de todo tipo -policiales, políticas, judiciales- también fueron subrayadas por los jueces de Casación: “La circunstancia de la inexistencia de progreso en el fuero provincial, lejos de evidenciar una situación de inocencia, brinda entidad a las cuestiones señaladas, pues parte de las maniobras que empleaba esta organización criminal incluía un plan de impunidad en el plano local“, dijeron los jueces de la Sala II y agregaron: “Surgieron datos de relación con agentes estatales“.
El sólo hecho de llevar a juicio al Clan Ale fue un esfuerzo tremendo para la fiscalía y la querella. De hecho, al momento del debate, con 16 acusados, fue “el mayor juicio por lavado de activos de la historia argentina”. Recién dos años después de la sentencia lo superaría en volumen el debate oral contra los miembros del grupo del narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, desarrollado por la Justicia Federal de la Plata.
Solo durante dos años, entre 2011 y 2013, la UIF, en conjunto con la Agencia Federal de Ingresos Públicos, detectó un lavado de activos por $40.000.000, la compra de 130 vehículos, 70 armas, una veintena de propiedades y un campo de 900 hectáreas. Además, el clan era dueño de un flota de camiones y tenía $1.500.000 en efectivo.
El juicio oral contra los Ale duró un año y pasaron alrededor de 100 testigos. Durante sus alegatos, el fiscal federal Pablo Camuña argumentó que se había probado “la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década”.
Camuña también sostuvo que “de esas actividades se obtuvieron ingentes ganancias y activos, a punto tal que tuvo que generar una sub estructura cuya función fue la de colocar esos bienes en la economía legal, es decir, el lavado de activos“.
En base a ese argumento, el fiscal Camuña había solicitado que se condenara a los hermanos Ale, acusados de liderar la “asociación ilícita y lavado de activos“, a 13 años de prisión y que los bienes decomisados, entre ellos 60 armas y 5.500 proyectiles, fueran entregados a fuerzas de seguridad para la lucha contra el lavado de activos, la criminalidad económica y el crimen organizado.
La causa contra el Clan Ale había comenzado en febrero de 2013 a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) efectuado luego de una presentación de Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles “Marita” Verón, cuyo paradero se desconoce desde que fue secuestrada en abril de 2002 para obligarla a ejercer la prostitución en La Rioja, según dio por probado la Corte Suprema de Justicia tucumana.
El final
La UIF individualizó en forma muy precisa y documentada maniobras por un total de 39.556.960,52 pesos y la utilización de diversas sociedades comerciales tales como la firma Cinco Estrellas S.R.L., Point Limits S.R.L. y la Transportadora Leonel S.R.L.
De acuerdo a su planteo, al menos durante una década, Rubén y Ángel Ale manejaron una asociación ilícita responsable del lavado de ese dinero proveniente de la trata de mujeres, el juego ilegal, el narcotráfico, el robo de cosechas y varias extorsiones.
Para la UIF, también lavaron plata de múltiples negociados con el fútbol, ya que “La Chancha” fue durante años dirigente del Club Atlético San Martín de Tucumán.
La condena, sin embargo, no podría ser ejecutada: los problemas de salud de Ale lo llevarían a diferentes internaciones durante los últimos años en que el perfil del grupo dejó de ser relevante.
La historia de sus manejos quedó en parte sepultada este martes 21 de junio de 2023, con la muerte de “La Chancha”.
Fotos: Diario La Gaceta
