“Si hablan, se pudre todo”. La frase, pronunciada por una alta fuente cercana, describió con claridad el clima que rodea al inminente inicio del juicio contra la banda de policías que, en febrero del año pasado, asaltaron a un hombre en Famaillá, quedando registrados por las cámaras de seguridad del inmueble al que ingresaron vistiendo uniformes y portando armas reglamentarias.
Según la acusación esgrimida por la fiscal Mónica García de Targa, el 19 de febrero de 2022, Gustavo Guillermo Fernández, con prestación de servicios en Infantería de la Unidad Regional Capital, se presentó en la casa de Jorge Nacif con el objetivo de distraerlo. mientras llegaban al lugar Martín Darío Romano, compañero del supuesto entregador, y Bruno Carmelo Ciolfo, junto a otros dos uniformados que hasta ahora no fueron identificados.
Usando armas de fuego, los policías comenzaron a exigirle al propietario de la vivienda que les entregara una fuerte suma de dinero, situación de la cual la víctima pudo escapar huyendo del lugar, lo que motivó que acusados se apoderaran de unos $ 20.000 que estaban ocultos en uno de los vehículos que aparecen en la filmación.
La versión que se manejó en forma extraoficial sostiene que Fernández le fue a avisarle a Nasif que se había enterado que sus compañeros habían planeado en asaltarlo porque sospechaban que podría estar vinculado al tráfico de drogas, aunque la víctima negó esa versión y declaró que se dedicaba a la compra y venta de vehículos usados.
También trascendió que los asaltantes se habrían apoderado de $1 millón, pero esa otra versión fue igualmente desmentida por el damnificado.
La difusión del video provocó un giro inesperado en la causa cuando un joven cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, se presentó en la ex Brigada de Investigaciones tras ver las imágenes, para denunciar su caso.
Afirmó que el 18 de febrero, seis policías ingresaron en su finca del este de la provincia fingiendo realizar un operativo antidrogas y le dijeron que debía pagar $ 1 millón a cambio de que no le armaran una causa porque en el fondo de su casa tenía plantas de marihuana.
Personal al mando de los comisarios Miguel Carabajal, Diego Bernachi y Jorge Dib, establecieron la veracidad de sus dichos señalando que los efectivos, después de apoderarse de varios elementos de la finca, mantuvieron secuestrada a la víctima por horas hasta que la familia del joven pagó un rescate de $200.000 y les entregó un Fiat Palio Weekend para que lo liberen.
Según la investigación, lo tuvieron retenido en la plaza de barrio Jardín, a metros de la división Homicidios y de la Jefatura de Policía, configurando la caratula de un secuestro extorsivo, por lo que el expediente fue derivado para que sea investigado por la Justicia Federal.
El fiscal federal Agustín Chit, y el titular de la Unidad Especializada en Secuestros Extorsivos Ricardo Marquevich, siguieron adelante con la pesquisa a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional y de la Brigada Antisecuestros de la Policía Federal que terminaron de cerrar el caso.
Todo derivó en la detención de Ricardo Julio Rodríguez, Romano, uno de los que serán juzgados a partir del miércolrd, Eduardo Germán Agüero, José Antonio Gallo y José Benito Bella, todos ellos parte de la fuerza parte de la fuerza policial y a la vez, miembros de un grupo que se dedicaba a cometer diferentes ilícitos por los que el juez federal Fernando Poviña los procesó a todos.
En medio de la pesquisa de este caso, al revisar los celulares, los investigadores descubrieron que estos hombres también tenían vínculos con otros acusados por algún secuestro extorsivo, ocurrido en junio de 2021, cuando los policías provinciales Luciano Campos y Jonathan Díaz; los federales Néstor David Medina y Gonzalo Lagoria y el civil Ángel Medina, fueron acusados de secuestrar a un taxista para pedirle dinero o drogas a un supuesto narco (suegro del chofer). Los cinco aún esperan ser enjuiciados.
El juicio que comienza este miércoles tiene algunas aristas importantes. Moreno y Ciolfo (son asistidos por la defensora oficial Raquel Ferreyra Asís) y Fernández (defendido por Jorge Muñoz y Benjamín Núñez Arevalo) enfrentarán a un tribunal por el robo que sufrió Nasif. La fiscal García de Targa ya anticipó que solicitará una pena de 20 años para cada uno de ellos.
Pero lo más importante es lo que puedan decir durante la audiencia. Tanto es el temor que los tres tienen custodia especial desde hace varias semanas, ya que habrían recibido amenazas para que no contaran todos los detalles.
Es que los investigadores creen que ellos, en realidad, son integrantes de una banda integrada por más policías que se dedicaría al robo de drogas y dinero de narcos o al secuestro de personas vinculadas a ese delito. Todo parece indicar que los acusados, al haber sido abandonados por sus pares, no tendrían problemas en dar a conocer a otros miembros de la organización, incluso, a los cabecillas.
