Luego de haber reestructurado las unidades de Violencia de Género, desde la Justicia iniciaron un ciclo de capacitación y coordinación con la Policía para brindar un mejor servicio de justicia a las víctimas.
La primera semana de julio, en tribunales de avenida Sarmiento al 400, por iniciativa del ministro fiscal Edmundo Jiménez, comenzó a funcionar la Unidad Fiscal Proteccional de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Ignacio López Bustos.
“Esta unidad recibe todo el volumen de denuncias que ingresa al MPF. Allí se realizan las clasificaciones de cada uno de los casos y se ordenan algunas medidas en un plazo de 24 horas”, explicó la auxiliar fiscal Lucrecia Lugones. “Después de haber analizado los casos, se coordina con la Oficina de Derivación y con el Equipo de Contención y Acompañamiento de la Víctima del MPF para poder desarrollar un trabajo de calidad. Buscamos profundizar esta problemática en conjunto con otras instituciones del Estado”, añadió la investigadora.
Lugones explicó que una vez que se analizan los casos y después de haber tomado las medidas de protección necesarias, se derivan los expedientes a las unidades de enjuiciamiento. “Tienen como única finalidad continuar con el proceso penal en contra de los acusados. Con esta fórmula ganamos en dinamismo y los resultados que se consiguen son mucho más efectivos porque son llevados adelante por personas que tienen mucha experiencia”, sentenció.
La funcionaria judicial también ponderó que el Ministerio de Seguridad haya puesto en funcionamiento una oficina que tendrá como única tarea la notificación a las víctimas de este delito. “Lo que esta Unidad Fiscal envíe se va a poder articular con las distintas dependencias y comisarías a los fines de poder concretar y notificar sobre la medida de protección de acercamiento”, comentó.