La Justicia dispuso la detención del jefe de la comisaría de Famaillá, Ariel Brito, en el marco de la investigación por las muertes de dos jóvenes en un siniestro vehicular. En el caso de homicidio están involucrados dos hijos del legislador oficialista Enrique Orellana. Uno de ellos es Juan José Orellana, concejal en ese municipio y único imputado en el proceso.
Fuentes judiciales informaron que personal de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana y Salidas Alternas del Centro Judicial de Monteros concretó la medida por posibles irregularidades durante el procedimiento oficial sobre el siniestro, a partir de una orden del juez penal Marcos Núñez Campero, del Colegio de Jueces de esa ciudad.
El secretario de Seguridad provincial, Luis Ibáñez, informó luego que se iniciaron “las tareas administrativas de rigor a fin de determinar si existen irregularidades en sus funciones”. “En ese sentido, acompañamos la decisión de la Justicia, ponemos a disposición al empleado policial e iniciamos todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos que son investigados”, dijo el funcionario.
Las víctimas, Jesús María Robles (19 años) y su primo Lautaro Arias (17), regresaban a sus casas en moto tras reunirse con sus amigos, cuando chocaron de frente con una camioneta. Perdieron la vida casi al instante. La camioneta, según el parte oficial, era manejada por el concejal famaillense Juan José Orellana, acompañado por su hermano Pedro Pablo Orellana. Ocurrió sobre la ruta 324 durante la madrugada del lunes 18 del mes pasado.
“Las evidencias de irregularidades en la investigación surgieron desde el mismo personal policial, durante la ampliación de las declaraciones sobre el procedimiento”, señaló Nelson Monasterio, abogado de la familia de las víctimas, quien hizo hincapié en deficiencias en la realización del acta de procedimiento.
“Queremos indagar para determinar si el personal policial actuó fuera de la ley para mejorar la situación del imputado Juan José Orellana”, enfatizó el letrado.
“De las declaraciones del personal policial surgió también que, el día del hecho, el comisario y un abogado habrían ofrecido al médico (que intervenía en el procedimiento) cambiar el resultado de la muestra de sangre por una suma de dinero. Esto era gravísimo, por lo que la querella solicitó a la Fiscalía que actuara”, añadió el abogado, entre otros elementos de prueba.
