Daiana Garnica lleva desaparecida 90 días ya y su familia no tiene ningún dato sobre su paradero o lo que le pudo haber ocurrido. El caso que conmovió al país continúa sin avances positivos en la investigación y aumenta la angustia de su familia, que pide con desesperación que se aceleren las medidas y sostiene que la adolescente fue víctima de una red de trata de personas.
El sábado 6 de mayo la joven de 17 años recibió en su celular un mensaje de WhatsApp de su vecino, Darío Suárez, un hombre de 40 años que vivía con su esposa y sus hijos a 20 metros de la casa de Alderetes, en Tucumán, donde la adolescente vivía con su mamá, Susana Cisneros, y sus siete hermanos: Soledad, Joel, Gabriel, Leonardo, Fabio, Silvia y Melina.
Un testigo anónimo declaró ante la Justicia que los vio juntos en la esquina de Jujuy y San Lorenzo, pero solamente Suárez volvió a su casa.
“A mi hija la buscaron por homicidio, pero esto no es un homicidio, a mi hija la vendieron por trata”, aseguró Ramón Garnica, el padre de la muchacha. Está convencido de que Daiana está en algún lugar privada de su libertad, que la cambiaron por plata, que está viva.
Un dato que desató la teoría del asesinato es que ese día, después de meses inactivo, volvió a encenderse el horno de la cortada de ladrillos en la que trabajaba Suárez.
Apenas el fiscal Claudio Bonari recibió la denuncia por la desaparición de Daiana el domingo 7 de mayo, intentó disponer de inmediato una serie de allanamientos, pero según su versión, se encontró con un problema que no esperaba: ni los jueces subrogantes del Juzgado de Instrucción N°5, Víctor Manuel Rougés y Marcelo Mendilaharzu, ni el secretario de esa oficina, Carlos López, se encontraban para autorizar los procedimientos. Él los hizo igual.
Esta semana Julieta Jorrat, defensora legal de Suárez y de al menos 10 de los imputados en la causa, pidió que se declare nula la investigación y se vuelva a foja cero porque Bonari no contó con la autorización de un magistrado para realizar los procedimientos ese día, hace tres meses. Si se diera lugar al pedido todos los sospechosos podrían quedar libres.
“A nosotros nos secuestraron una hija, si quieren criticar cómo se manejó la Justicia y revolver cosas es tema de ellos”, expresó Ramón y consideró que si los jueces no estaban, el fiscal Bonari hizo a fin de cuentas lo que tenía que hacer.
“Desde el primer momento presenté al secuestrador, a este sujeto lo usaron, él puso en manos de otro a mi hija y el entorno de él sabe de quién”, aseguró el papá de Daiana.
La hipótesis del fiscal es que Suárez abusó de Daiana, luego la asesinó y se deshizo de sus restos quemándola en el horno del la cortada. Según sus sospechas no lo hizo solo, sino que contó con la colaboración de otras personas, entre las que se encontrarían un amigo y compañero de trabajo, Fabián Ernesto “Sapo” Pacheco y el dueño de la ladrillera, Juan Mátar.
Bonari caratuló la causa como “privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio“, a pesar de que no hay un solo rastro de Daiana y de que existe también una segunda línea de investigación que apunta a que la joven pudo haber sido víctima de una red de trata.
En el transcurso de los primeros días Bonari realizó allanamientos en la casa de Suárez, de su círculo íntimo, secuestró once teléfonos celulares, estudió los cruces de mensajes entre ellos e hizo tres inspecciones a la cortada de ladrillos, convencido que de ahí saldrían las pistas que lo llevarían a descubrir lo que había pasado ese 6 de mayo.
El 13 de mayo policías al mando de los comisarios Hugo Cabezas, Sergio Juárez y Daniel Cuellar, acompañados por bioquímicos forenses de la fuerza, volvieron por tercera vez en una semana a la ladrillera a analizar nuevamente uno de los hornos del lugar. Encontraron los que parecían ser restos de piezas dentales y un trozo de acero quirúrgico, que se barajó podría ser parte de un piercing que usaba Daiana.
Un mes más tarde, el domingo 18 de junio, cuando Bonari citó a las partes para informar sobre el resultado de las pericias, se conoció la noticia de que los dos sobres con las muestras recogidas del horno ese 13 de mayo en la ladrillera, habían desaparecido. El fiscal dictó de inmediato el secreto de sumario de la causa y se detuvo a 10 efectivos de la Policía de Tucumán. Siete fueron liberados ese mismo día y tres quedaron a disposición de la fiscalía. Desde ese momento el caso es seguido por la Policía Federal.
Desde los primeros días en que se conoció la noticia reciben entre tres y cuatro pistas falsas sobre la desaparición de Daiana. En muchos casos, los datos falsos que recibió la policía dificultaron la tarea y el aprovechamiento del tiempo en la búsqueda, ya que se gastaron recursos en líneas de investigación que no llevaron a ningún lado.
De los operativos de búsqueda durante estos tres meses participaron 200 efectivos de diversas fuerzas junto a canes, caballos, un helicóptero y un drone. La provincia de Tucumán ofreció una recompensa que fue en aumento y que hoy está en el orden de los $100.000 para quien pueda brindar cualquier tipo de información que ayude a dar con la adolescente.
