En el segundo día de allanamientos en una causa por narcotráfico y lavado de dinero iniciada por el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, el personal de Gendarmería Nacional halló más elementos que probarían que se usa a Tucumán como plaza financiera para blanquear plata de la venta de drogas.
El martes los gendarmes habían allanado siete domicilios particulares donde encontraron armas y dinero en efectivo. Pero, por la protesta bancaria, no habían podido ingresar a la sucursal que el banco Santander Río tiene en avenida Aconquija al 1.300, en Yerba Buena.
Tres cajas con dinero
Esa medida se realizó ayer y, según informaron fuentes de la investigación, se requisaron tres cajas de seguridad que pertenecerían a los dos empresarios tucumanos que formarían parte de esta banda narco.
En el interior de esas cajas los uniformados encontraron U$S 200.000 y $ 500.000 en efectivo. “En esta causa Tucumán era utilizado como un centro de blanqueo de activos. Por eso es lógico que no hayamos encontrado droga. Pero el dinero secuestrado es la prueba de que la venta de droga se realizó”, explicaron fuentes oficiales. Los dos empresarios locales a quienes se vincula con esta asociación ilícita no fueron detenidos pero deberán justificar ante la Justicia Federal cuál es el origen del dinero que tenían en su poder.
Para evitar filtraciones de seguridad, Gendarmería movilizó unos 120 uniformados de diferentes jurisdicciones de la región noroeste. En el caso trabaja también la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que tendrá a su cargo la responsabilidad de rastrear el origen del dinero secuestrado en la provincia. Además, según se informó, el organismo de contralor ya remitió informes al Juzgado Federal de Orán sobre las actividades del grupo investigado. En total, en los operativos de ayer y el martes, en Tucumán secuestraron cerca de $ 2 millones y U$S 200.000, según cifras informadas anoche a este diario.
Dinero para sicarios
La capacidad económica de esta organización -de la que no se descarta que tengan mayores capitales ilegales- iba a ser utilizada, siempre de acuerdo con la investigación, para financiar el asesinato del juez Reynoso y del fiscal Federal de Orán, José Luis Bruno, crímenes para los cuales se tenía pensado contratar sicarios. El dato que encendió el alerta de los pesquisa surgió de una escucha telefónica en la que se decía: “le vamos a meter plomo a todo el que rompa las…”.
Esa amenaza, según explicó el juez Reynoso, consultado telefónicamente por LA GACETA, también alcanzaba a un importante funcionario de la Aduana Argentina. “Hace más de 10 años que estoy a cargo de este juzgado y recibí amenazas de muerte de toda clase. Pero en esta ocasión las fuerzas de seguridad me aseguraron que existía una peligrosidad certera. Ante eso ordenamos avanzar con los allanamientos”, puntualizó el magistrado.
El presunto ideólogo de este plan homicida es un empresario del sector frigorífico salteño, quien fue detenido en un country de la capital salteña. A su vez, el fiscal Bruno, que habló con un periodista de LA GACETA en Orán, intentó bajar el tono de las amenazas. “Lo importante será verificar quién las emitió, en qué momento y por qué. A partir de ahí vamos a tomar con seriedad lo que pasó. Pero en el puesto que ocupamos estamos muy expuestos a este tipo de amenazas”, remarcó.
Los detenidos prestarán declaración entre hoy y mañana.
Fuente y foto: Diario La Gaceta
